Bulgaria Elección parlamentaria de octubre de 2024

La Decisión n.º 1 de 13 de marzo de 2025 enumeró infracciones en la sustitución de miembros de las comisiones de los colegios electorales, en la redacción del protocolo del colegio electoral conforme al artículo 282, apartado 2, del Código Electoral, en el empaquetado del material electoral conforme al artículo 284, en la supervisión por vídeo en directo y la grabación de vídeo exigidas por el artículo 272, en el establecimiento del resultado a partir de las papeletas en papel y de máquina conforme al artículo 206, apartado 1, en relación con el artículo 278, apartados 2 y 3, y en la consignación de los datos de votación en el protocolo conforme al artículo 281. Instruyó a la Comisión Electoral Central a redistribuir los mandatos y anunciar los nombres de los elegidos, lo que la Comisión hizo ese mismo día.

De 287 papeletas examinadas, las marcas en 95 de la sección 060800027 (distrito de Vratsa), 72 de la sección 122400033 (Montana) y 106 de la sección 152400205 (Pleven) no fueron realizadas por votantes individuales. El Tribunal registró esos votos como inválidos en el resultado recalculado.

El recuento abarcó 2.204 de 12.879 colegios electorales, alrededor del 17 por ciento. Los votos válidos se volvieron a contar en 1.768 colegios, y la distribución de votos entre las listas cambió en el 46,75 por ciento de los protocolos comprobados; las papeletas inválidas se verificaron en otros 436 colegios, con diferencias en el 35,78 por ciento. El Tribunal registró que en más del 90 por ciento de esos casos el cambio se debió a que una comisión de colegio electoral consideró válida o inválida una papeleta de un modo que no se ajustaba al Código Electoral, por lo general dentro de uno o dos votos por lista, y que las comisiones habían sido en su mayoría restrictivas, tratando una papeleta como inválida porque la marca se salía del recuadro de una lista sin entrar en el recuadro de otra. Los mayores cambios netos fueron 1.110 votos para DPS-New Beginning, 452 para GERB-SDS y 108 para Vazrazhdane, todos a la baja, y 59 al alza para Velichie.

El Tribunal Constitucional obtuvo de la Comisión Electoral Central una lista de 43 colegios electorales que quedaban fuera de la exención legal y, sin embargo, no realizaron supervisión por vídeo en directo ni grabación del recuento y de la redacción del protocolo. La Comisión informó por separado a ODIHR de que 63 de los 11.626 colegios que debían haber estado equipados con CCTV no proporcionaron transmisión en directo ni grabación.

Desde la enmienda de 2021 al artículo 271 del Código Electoral, las comisiones de los colegios electorales establecen el resultado de la votación por máquina contando las papeletas impresas por la máquina en lugar de leer un protocolo del sistema, mientras que sigue vigente la obligación de registrar el voto en el dispositivo de memoria de la máquina y de remitirlo por la cadena correspondiente. El Tribunal afirmó que la cronología de las enmiendas sobre el voto por máquina no mostraba un concepto legislativo coherente, que las normas se modificaron dos veces en tres años y medio en contra del estándar de no enmendar la legislación electoral menos de un año antes de una elección, y que nunca se creó un procedimiento para el caso de que una máquina no imprima una papeleta que muestre la elección del votante.

Las cifras abarcan el período desde el inicio de la campaña hasta las 14:00 del 28 de octubre de 2024, y se desglosan por distrito de apelación como Sofía 37, Burgas 32, Varna 31, Veliko Tarnovo 9 y Plovdiv 6.

El Tribunal sostuvo que las infracciones que constató, aunque tuvieron un efecto negativo sobre la transparencia y la confianza en todo el proceso electoral, no hicieron imposible establecer la voluntad de los votantes ni alteraron el resultado en un grado que justificara anular la elección en su totalidad y exigir a los ciudadanos votar de nuevo. Por separado, dejó sin consideración, por extemporánea, una solicitud de 58 miembros de la 50.ª Asamblea Nacional para declarar ilícita la elección en los distritos 15 de Pleven y 25 de Sofía.

El Tribunal consideró infundadas las quejas sobre las listas de votantes, señalando que añadir a un ciudadano elegible a una lista en el extranjero el día de la elección no constituye por sí mismo una infracción y que no se presentó prueba alguna de que se añadiera a personas no elegibles. Una verificación de la dirección de registro civil GRAO, ordenada por la Comisión Electoral Central, identificó a 10 personas que votaron en el extranjero sin derecho a hacerlo y a 55 personas que votaron más de una vez en el país y en el extranjero en conjunto.

El Tribunal dijo que no podía establecer un vínculo entre las infracciones que constató y mandatos concretos, porque los escaños se asignan a nivel nacional, e identificó a los miembros afectados únicamente mediante la recálculo de la Comisión. La resolución no hace ninguna constatación sobre responsabilidad, y la conclusión sobre la caligrafía abarca tres colegios electorales.

Los fiscales abrieron 115 diligencias previas antes del 28 de octubre de 2024. La compra de votos fue planteada por uno de los peticionarios ante el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal no hizo ninguna constatación al respecto ni basó en ello su decisión. ODIHR ha registrado tales alegaciones en sucesivas elecciones búlgaras, incluidas comunidades vulnerables, y también ha advertido que el debate público sobre la compra de votos tiende a presentar falsamente a los romaníes como la fuente del problema, y que las medidas adoptadas por las autoridades contra la presunta compra de votos, incluidas las redadas del Ministerio del Interior en barrios romaníes antes de la elección del 9 de junio de 2024, podrían haber afectado negativamente la campaña o la votación allí.

Las impugnaciones ante el Tribunal Constitucional se referían a la administración interna de la votación, y la resolución no hace ninguna constatación sobre ninguna operación extranjera o en línea. Los interlocutores reunidos por la misión de evaluación de febrero de 2026 de ODIHR plantearon preocupaciones sobre el posible uso indebido de plataformas en línea, incluida la amplificación artificial de contenidos y la desinformación, y sobre la ausencia de un marco interinstitucional específico para supervisar tales amenazas; esas preocupaciones se formularon en torno a la elección de 2026 y no se atribuyeron a la votación de octubre de 2024.