Repetición de la elección presidencial de Haití de 2016

CIEVE verificó una muestra nacional de 3.235 actas de escrutinio de mesas electorales y encontró expedientes completos solo para 294 de ellas, ninguna lista parcial de votantes en el 90,6% de los expedientes y ninguna lista de firmas en el 12,4%. Registró el 29% de los votos emitidos fuera de la lista de firmas frente a solo el 3,6% de las actas de ausencia (procès-verbaux de carence) que esos votos requerían, y situó los votos no rastreables en 628.000, alrededor del 40% de los 1.560.631 votos válidos: 448.000 emitidos sin el acta de ausencia requerida más un estimado de 180.250 registrados contra números de cédula que consideró falsos. Concluyó que el proceso había estado marcado por graves irregularidades, serias inconsistencias y fraude masivo, atribuyó responsabilidad al CEP, al centro de tabulación de votos, a la dirección del registro electoral y al personal de las mesas, y recomendó reiniciar el proceso. El CEP aceptó la recomendación y emitió un nuevo calendario el 6 de junio de 2016.

La misión de expertos de la UE registró que el 11,42% de las actas presidenciales de las mesas no fueron compiladas: 1.252 fueron apartadas tras la verificación y 118 llegaron demasiado tarde. Las cifras equivalentes para las elecciones legislativas celebradas en las mismas mesas fueron del 6,31% al 7,09%. Los departamentos de Nord y Nord-Est perdieron más del 20% de sus actas; Grande-Anse y Sud-Est, alrededor del 15%.

El decreto electoral exige una mayoría de dos tercios de los consejeros para publicar resultados preliminares. Tres consejeros, designados por los sectores sindical, de derechos humanos y campesino y vodou, se negaron a firmar, alegando que no habían recibido información convincente sobre las actas de escrutinio que habían sido apartadas. El resultado definitivo del 3 de enero de 2017 fue, en cambio, adoptado por unanimidad por los nueve consejeros.

Con arreglo al artículo 197 de la constitución y al artículo 18.1 del decreto electoral, el CEP es el foro para todas las disputas electorales y las decisiones del BCEN son definitivas; el Consejo Constitucional no tiene jurisdicción electoral. La misión de la UE constató que las normas guardaban silencio o eran contradictorias sobre cómo se forman las salas del BCEN, cómo pueden recusarse los jueces y cómo se comparten los expedientes con la otra parte, y registró intentos de recusación y cambios de procedimiento a mitad del proceso. La misión de la OEA recomendó crear dos órganos permanentes separados, uno para la organización electoral y otro para la justicia electoral.

Actuando sobre los recursos de los tres candidatos que quedaron detrás, la tercera sala del BCEN ordenó el 20 de diciembre de 2016 la verificación de 1.560 actas de escrutinio junto con sus hojas de recuento, listas de firmas y números de identificación nacional. Su decisión del 2 de enero de 2017 no encontró fraude masivo, sino irregularidades que no podían afectar el proceso electoral; dejó sin efecto 70 actas de escrutinio y ordenó que se contaran 8 más, razón por la cual las cifras finales difieren ligeramente de las preliminares. La misión de la OEA, que mantuvo observadores de forma permanente en el centro de tabulación, informó que la verificación había concluido que las actas analizadas no mostraban irregularidades que pudieran haber afectado el proceso electoral, y el Secretario General de la ONU informó el mismo resultado al Consejo de Seguridad.

Las mediciones de CIEVE se refieren a la trazabilidad: listas parciales de votantes ausentes, actas de ausencia faltantes, votos registrados fuera de la lista de firmas y números de cédula que no pudieron cotejarse. Su conclusión va más allá de esas mediciones, al afirmar que el proceso estuvo marcado por graves irregularidades, serias inconsistencias y fraude masivo, que los actos cometidos en violación del decreto electoral fueron sistemáticos y que existió intención de engañar. Atribuye responsabilidad institucional al CEP, al centro de tabulación de votos, a la dirección del registro electoral y a los miembros de las mesas, registra que pudieron haberse cometido delitos como fraude y falsificación en documento público, y remite el asunto a las autoridades competentes sin nombrar a ninguna persona; en las fuentes citadas aquí no consta ningún procesamiento. La comisión sitúa la ruptura de la cadena de custodia en tarjetas de acreditación en blanco que el CEP distribuyó a los partidos políticos sin conservar ningún registro de ellas. La UE sostuvo la opinión opuesta sobre la misma elección: su informe registra que el Alto Representante consideró que la anulación de la primera vuelta de octubre de 2015 contravenía las conclusiones de la misión de observación de la UE.

Jude Célestin, Jean-Charles Moïse y Maryse Narcisse mantuvieron su rechazo de los resultados definitivos, cuestionando la forma en que se había llevado a cabo la verificación. El Bureau des Avocats Internationaux y el Institute for Justice and Democracy in Haiti dijeron que los procedimientos de revisión cambiaron durante el proceso y que las identidades de los votantes nunca se cotejaron con el registro de la oficina nacional de identificación. Dado que las decisiones del BCEN son definitivas en derecho y ningún tribunal externo tiene jurisdicción electoral, la objeción permanece sin resolver en lugar de haber sido examinada.

Los representantes de Jude Célestin, Jean-Charles Moïse y Maryse Narcisse pidieron que se analizaran todas las actas de escrutinio y sus documentos asociados antes de que se publicara el resultado preliminar, y los tres rechazaron ese resultado. Ninguna fuente citada reconstruye qué habrían producido el 11,42% de las mesas electorales no compiladas. La propia evaluación de la misión de la UE fue que la ventaja de Moïse hacía difícil imaginar que las exclusiones pudieran poner en cuestión su clasificación para la primera vuelta, pero eso es un juicio sobre el tamaño del margen, no una recuperación de las actas faltantes.