Elección General de Guatemala de 2023

La misión de la UE nombra a Carlos Pineda de Prosperidad Ciudadana, descalificado menos de un mes antes de la votación cuando encabezaba las encuestas, a Roberto Arzu de Podemos y a Jordan Rodas, candidato a la vicepresidencia del Movimiento para la Liberacion de los Pueblos, y concluye que en ninguno de esos tres casos los motivos cumplían los requisitos de una restricción razonable; el cuerpo del mismo informe incluye a un tercer candidato presidencial, Oscar Castaneda de Poder, entre quienes fueron declarados inelegibles por lo que califica como una interpretación arbitraria y selectiva de la ley por parte del Tribunal, la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad. La exclusión de Pineda siguió a una orden del 19 de mayo de un tribunal de apelaciones administrativas que anuló la asamblea nacional de 2022 de su partido, lo que eliminó a los 1,438 candidatos del partido en todos los niveles. La misión de la OEA registra que, de 41,430 candidatos inscritos al 22 de junio, 4,155 (10 por ciento) habían sido excluidos, incluidas cuatro fórmulas presidenciales, que la incertidumbre resultante retrasó un mes la impresión de las papeletas y erosionó la confianza ciudadana en las autoridades electorales y judiciales, y que las candidaturas registradas seguían modificándose el 23 de junio, dos días antes de la votación, lo que obligó a reimprimir papeletas en dos municipios.

El 1 de julio de 2023, en el expediente 3731-2023, la Corte concedió un amparo provisional a nueve partidos, ordenó a las juntas electorales departamentales convocar una nueva audiencia de revisión de escrutinio y comparar las actas, y exigió al Tribunal suspender entretanto la calificación y oficialización de los resultados. El Tribunal no emitió un procedimiento uniforme, por lo que las juntas adoptaron el suyo propio: algunas revisaron solo los votos impugnados, otras realizaron una revisión completa de todas las actas. Las audiencias se celebraron del 4 al 6 de julio y produjeron solo modificaciones menores; la revisión de las 2,023 actas de Ciudad de Guatemala añadió 605 votos para Arevalo. El Tribunal anunció el resultado final de la primera vuelta presidencial el 12 de julio en el Acuerdo 1328-2023.

Un juez penal de primera instancia, identificado por la CIDH como el Séptimo Juzgado de Instrucción Penal, ordenó al Registro de Ciudadanos el 12 de julio de 2023 revocar la personalidad jurídica de Semilla en un plazo de 24 horas; el Estado de Guatemala informó posteriormente a la CIDH que la orden era una medida cautelar conforme al artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, mientras que el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos prohíbe suspender partidos durante un proceso electoral. El titular de FECI lo anunció casi simultáneamente con el anuncio del Tribunal del resultado presidencial de la primera vuelta ese mismo día. La Corte de Constitucionalidad concedió a Semilla un amparo provisional el 13 de julio declarando que la orden penal no afectaba al Acuerdo 1328-2023, la Corte Suprema concedió un amparo definitivo el 18 de agosto y, no obstante, el Registro de Ciudadanos ejecutó la suspensión el 28 de agosto. La CIDH y la misión de la OEA sitúan la disolución del grupo parlamentario de Semilla por el comité ejecutivo del Congreso el 30 de agosto; la misión de la UE da el 29 de agosto. El Tribunal revocó la suspensión el 3 de septiembre.

La misión de la UE contabiliza más de cuarenta actuaciones de FECI contra el Tribunal, incluidos allanamientos a sus instalaciones el 13 y el 20 de julio y a la sede de Semilla el 21 de julio, y registra la manipulación de material electoral sensible y la incautación de las actas de escrutinio de las cinco elecciones. El 12 de septiembre, fiscales allanaron el Centro de Operaciones del Proceso Electoral donde se custodiaba material electoral; la misión de la OEA señaló que, conforme al artículo 243 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que tiene rango constitucional, solo el Tribunal y las juntas electorales departamentales pueden verificar y calificar la documentación electoral. El 29 de septiembre, en lo que la misión de la OEA llamó la quinta operación realizada por el Ministerio Público desde las elecciones y una llevada a cabo sin causa debida, se confiscaron documentos originales de las Actas 4 y 8 mientras se impedía a funcionarios del Tribunal comunicarse o registrar la operación y no se mostraban las órdenes judiciales; la CIDH sitúa el total retirado en más de 125,000 documentos y registros originales, e International IDEA describe 160 urnas que contenían alrededor de 125,000 registros de la primera vuelta.

Los fiscales obtuvieron una orden de detención contra el director del Registro de Ciudadanos del Tribunal por no suspender a Semilla, y en torno al anuncio del resultado de la segunda vuelta solicitaron que se levantara la inmunidad de los cinco magistrados del Tribunal y del director del registro. La misión de la UE registra que exigieron los nombres de los más de 5,000 digitadores que procesaron los resultados provisionales, y de unos 28,000 empleados de autoridades departamentales y municipales y de centros de votación en el departamento y la ciudad de Guatemala; el 22 de agosto FECI dio al Tribunal cinco días para entregar los nombres y cargos de todos los miembros de las juntas receptoras de votos, todos los revisores, todos los coordinadores de digitación y todos los miembros de las juntas departamentales, junto con la ubicación de cada centro de votación. La declaración de la misión de la OEA del 29 de septiembre registra que el Ministerio Público había pedido que se levantara la inmunidad de los jueces titulares y suplentes del Tribunal por los presuntos delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, y la CIDH registra los consiguientes procedimientos de antejuicio. International IDEA registra que el 30 de noviembre de 2023 el Congreso retiró la inmunidad a cuatro de los cinco magistrados que organizaron la elección, a raíz de una denuncia del Fiscal General que alegaba corrupción en la contratación del sistema TREP, que un juez prohibió a esos cuatro ejercer el cargo en marzo de 2024, y que desde entonces el Tribunal ha trabajado con un magistrado y suplentes.

La misión de la OEA respondió ese mismo día que los artículos 234 y 235 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establecen de manera exhaustiva los supuestos de nulidad y que los motivos alegados por el Ministerio no encajan en ellos, que conforme al artículo 125(c) de esa ley el Tribunal Supremo Electoral es el único órgano competente para decidir sobre la validez o nulidad de una elección, y que el Tribunal ya había proclamado los resultados y cerrado el proceso electoral el 31 de octubre. La misma declaración registra otra solicitud para levantar la inmunidad del presidente electo Bernardo Arevalo y de miembros de Movimiento Semilla. La Corte de Constitucionalidad ya había resuelto el 14 de diciembre de 2023, en el expediente 6175-2023, que el Congreso y su Junta Directiva debían garantizar la toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso de 2023, y la entrega del poder tuvo lugar el 14 de enero de 2024.

El monitoreo de redes sociales de la misión de la UE identificó 57 páginas opacas de Facebook, 15 de ellas presentadas como fuentes de noticias, que impulsaron al menos 51 anuncios políticos engañosos; muchas eran administradas desde fuera de Guatemala, y cinco dejaron de ser accesibles al día siguiente de la primera vuelta. También observó grupos de cuentas reales, anónimas y operadas por bots que actuaban de forma coordinada, conocidos localmente como netcenters, que difundían en todas las plataformas acusaciones de fraude, intimidación y señalamientos contra observadores internacionales, incluso mediante contenido manipulado y deepfakes, y concluyó que las plataformas no aplicaron medidas significativas contra ello.

La misión declaró el 12 de septiembre de 2023 que había analizado los hallazgos en los que se basaban las denuncias de irregularidades en ambas vueltas y verificó que eran infundadas: no había pruebas de que las copias amarillas del Documento Número 4 transmitidas desde los centros de votación en la primera vuelta hubieran sido alteradas, y los errores muy aislados de las actas en ambas vueltas no modificaron el orden de preferencias, y mucho menos se acercaron a una diferencia de segunda vuelta de más de 20 puntos porcentuales y casi 875,000 votos. Reiteró el 29 de septiembre que no encontró elementos que pusieran en duda los resultados, y el 8 de diciembre respondió a la acusación específica de que el acta 4 había sido adulterada comparando las actas utilizadas con el modelo publicado en el Acuerdo 50-2023 y encontrando idénticos los campos de información, sin nada añadido ni retirado y con la única diferencia de que el modelo ocupaba dos páginas y la hoja impresa una. La revisión de las actas de la primera vuelta ordenada por la Corte de Constitucionalidad arrojó el mismo resultado que el Tribunal ya había anunciado, y una misión nacional de observación que realizó un conteo paralelo llegó a la misma conclusión.

La misión de la UE registra que el partido insistió en irregularidades en ambas vueltas sin sustentarlas e impugnó los resultados ante la Corte Suprema, que desestimó la petición. De las cinco solicitudes de anulación que recibió el Tribunal después de la segunda vuelta, la petición de UNE impugnó la certificación de los resultados de la segunda vuelta con el argumento de que un magistrado del Tribunal carecía de competencia para firmar el acuerdo que los anunciaba. Sandra Torres no concedió y no apareció en público después de la votación. La misión de la OEA examinó por separado las denuncias de irregularidades en ambas vueltas e informó que había verificado que eran infundadas.

La misión de la UE registra que la mayoría de los partidos expresó públicamente confianza en el TREP antes de la votación y que los que luego lo cuestionaron, incluida UNE, no aportaron pruebas fiables de uso indebido; dentro de las dos horas posteriores al cierre de la votación de la segunda vuelta, el Tribunal había publicado más del 99 por ciento de las actas correspondientes a los resultados preliminares. La misión de la OEA concluyó que las quejas sobre el ritmo de procesamiento del TREP el 20 de agosto se basaban en cálculos erróneos, y que el flujo coincidía tanto con la simulación nacional del 18 de agosto como con la propia observación de la misión el día de la elección; el 29 de septiembre reiteró que el TREP es un conteo rápido no vinculante que no usurpa ninguna función del Tribunal, que el conteo y registro de votos es por ley tarea de las juntas receptoras de votos, y que las cifras del TREP coincidían con las suyas y con las de la observación nacional. Al responder a la posterior afirmación del Ministerio Público de que el sistema había sido precargado, la misión registró que ella misma había verificado la puesta a cero de las bases de datos y repositorios del TREP a las 17:00 del día de la elección y que el repositorio de resultados seguía en cero a las 18:00.

Según el Ministerio Público, el partido falsificó alrededor de 5,000 de las firmas requeridas para su registro en 2018, incluidas las de doce personas fallecidas, y pagó alrededor de 175,000 quetzales con fondos de origen desconocido para hacerlo. La misión de la UE señala que tales irregularidades de procedimiento, si existen, deberían acarrear consecuencias jurídicas pero no pueden restringir la libertad de asociación, y que la Corte de Constitucionalidad sostuvo el 5 de octubre de 2023 que una organización política solo puede ser suspendida mediante procedimiento penal cuando la justificación sea razonable, proporcional, idónea, necesaria y estrictamente indispensable. No aparece en las pruebas citadas en esta página ninguna determinación sobre la alegación subyacente.

En su declaración del 12 de septiembre de 2023, la misión de la OEA sostuvo que las actuaciones del Ministerio Público y del tribunal penal que las autorizó carecían de oportunidad y proporcionalidad, evidenciaban una instrumentalización política del aparato de persecución penal y podrían constituir los delitos de prevaricación y abuso de autoridad; en su declaración del 29 de septiembre describió el asedio permanente de la Oficina al Tribunal sin fundamento ni motivación clara como una persecución política que recuerda a las llevadas a cabo por regímenes autoritarios. El Estado de Guatemala respondió a la CIDH que el Ministerio Público es un órgano autónomo, técnico y apolítico, que el allanamiento de la sede del Tribunal se ajustó a la ley y a una orden judicial en un caso bajo secreto, que el procedimiento de antejuicio existe para salvaguardar la independencia judicial, que toda resolución judicial en el caso estuvo debidamente motivada y fue emitida por el tribunal competente, y que la investigación en modo alguno buscaba alterar los resultados electorales.